Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su solidaridad con los países y poblaciones afectadas por el huracán Beryl. El aumento en la frecuencia e intensidad de los huracanes y otros desastres naturales es una consecuencia directa del cambio climático, que altera las condiciones climáticas globales y exacerba los riesgos e impactos en la vida, la salud y los medios de subsistencia de las poblaciones más vulnerables.
En este contexto, es importante señalar que los eventos climáticos extremos interactúan con otros factores que afectan la calidad de vida y las condiciones de vida de las personas, lo que a menudo resulta en migración, desplazamiento y reubicación planificada. En esta ocasión, los países afectados, y especialmente los pequeños estados insulares en desarrollo del Caribe, han experimentado la destrucción de viviendas, daños extensos a la infraestructura, interrupción de fuentes de sustento y daños significativos al hábitat natural.
Los pequeños estados insulares en desarrollo son contribuyentes insignificantes al calentamiento global, pero son de los más afectados por el cambio climático. REDESCA recuerda el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para la mitigación del cambio climático y las obligaciones de cooperación internacional, teniendo en cuenta la esencial falta de fronteras de la crisis climática. Reiteramos que los efectos del cambio climático representan una seria amenaza para el ejercicio de diversos derechos fundamentales necesarios para una vida digna, como el derecho a la vida, a la alimentación, a una vivienda adecuada, a la salud, al agua y a un medio ambiente saludable (Resolución 3/2021). También advierte que los impactos generados son diferenciados en cuanto al disfrute efectivo de estos derechos.
En relación específica con la situación actual, la CIDH y REDESCA elogian las medidas tomadas por los gobiernos de los países afectados para abrir refugios de emergencia y reconocen la asistencia necesaria para las personas vulnerables. También elogian las recomendaciones y advertencias emitidas por los gobiernos de otras islas del Caribe para proteger a la población afectada.
La CIDH y REDESCA hacen un llamado especial a la solidaridad regional e internacional para trabajar con los estados afectados y apoyar la reconstrucción a través de herramientas financieras adecuadas, incluyendo el acceso a financiamiento climático, financiamiento concesional y alivio de la deuda según corresponda. Los estados también deben abordar los riesgos y daños que enfrentan las personas y grupos en este inminente desastre ambiental. Los estados deben redoblar sus esfuerzos para asegurar la disponibilidad de apoyo económico y financiero, así como asistencia técnica y legal para acceder a estos recursos.
La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato proviene de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y sirve como el órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA en su capacidad personal y no representan a sus países de origen o residencia.
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