Por Luis Jaime Acosta
BOGOTÁ, 3 ago (Reuters) – Un cese al fuego bilateral de seis meses entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzó el jueves, marcando el avance más concreto hasta ahora de una negociación de paz y los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para acabar el conflicto armado.
El cese, que se extenderá inicialmente hasta finales de enero del 2024, se logró en los diálogos que reanudaron las partes en noviembre, dentro de la iniciativa de «paz total» de Petro para terminar el conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
«El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional ordena a todas sus estructuras suspender las operaciones ofensivas contra las Fuerzas Armadas, la policía y los organismos de seguridad del Estado colombiano», dijo el lunes el máximo comandante del grupo, Eliécer Herlinto Chamorro, más conocido por su nombre de guerra de Antonio García.
Sin embargo, el líder guerrillero advirtió en un video dirigido a los integrantes del ELN que durante los 180 días del cese al fuego el grupo mantendrá las operaciones defensivas para preservar la seguridad de sus combatientes y de sus territorios.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sostuvo el martes que con el cese bilateral busca evitar confrontaciones entre las Fuerzas Armadas y el ELN, además de evitar hechos que vulneren a la población civil como los secuestros.
«La población civil puede estar tranquila durante el periodo que dure el cese al fuego», afirmó.
Es la segunda vez en la historia que el ELN pacta un cese bilateral del fuego con un Gobierno. La primera fue en el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, cuando se acordó una tregua de 101 días entre octubre del 2017 y enero del 2018.
Desde que concluyó ese cese bilateral, el ELN, que cuenta con unos 5.800 integrantes, incluidos unos 2.800 combatientes, ha declarado al menos ocho treguas unilaterales, como muestras de paz para temporadas de elecciones, Navidad y Año Nuevo.
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las dos partes también acordaron dar participación a la sociedad civil en el proceso de paz y llevar asistencia humanitaria a las regiones más afectadas por el conflicto.
Petro y los negociadores instalarán el jueves en Bogotá el Comité Nacional de la Participación, que busca garantizar en la negociación la presencia de la sociedad civil.
La negociación actual con el ELN ha avanzado más que los otros esfuerzos de Petro para lograr la paz en el país de 50 millones de habitantes.
El Gobierno suspendió en marzo un cese al fuego con la organización criminal Clan del Golfo después de su supuesta participación en violentas protestas de mineros informales en el noroeste del país.
El abogado representante de ese grupo dijo en una entrevista con Reuters en mayo que están abiertos al diálogo, pero que descartan el sometimiento propuesto por Petro a cambio de reducción de penas y que aún carece de un marco jurídico aprobado por el Congreso.
El Gobierno anunció el mes pasado que iniciará conversaciones con el Estado Mayor Central (EMC), una facción de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no participó del acuerdo de paz del 2016, pero aún no hay una fecha definida.
Aunque el alto comisionado para la paz Rueda prometió en febrero que el Gobierno también comenzaría negociaciones con la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que inicialmente apoyó el acuerdo de paz antes de regresar a la lucha armada, no ha habido confirmación de ese posible diálogo.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.