Las bases de datos genealógicas han abierto una nueva vía para esclarecer delitos cometidos hace décadas, pero la posibilidad de identificar a un sospechoso mediante familiares que nunca fueron investigados plantea un dilema cada vez más difícil sobre los límites de la privacidad genética.
Durante años, un crimen podía quedar detenido en una carpeta porque el ADN encontrado en la escena no coincidía con ningún perfil conocido. La evidencia existía, pero no conducía a un nombre. La genealogía genética forense cambió esa posibilidad al permitir que los investigadores busquen relaciones familiares en determinadas bases de datos creadas originalmente para conocer los orígenes familiares.
El procedimiento es más complejo de lo que sugieren algunos titulares. Los investigadores obtienen primero un perfil genético de la evidencia encontrada en la escena. Si las búsquedas policiales convencionales no producen resultados, determinadas investigaciones pueden recurrir a servicios de genealogía genética que permiten comparaciones con perfiles aportados voluntariamente por sus usuarios. Una coincidencia puede revelar una posible relación familiar. Después comienza un trabajo de genealogía tradicional para reconstruir árboles familiares y reducir el grupo de candidatos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estableció en 2019 una política específica para esta técnica. El organismo explicó que la genealogía genética forense podía generar pistas en investigaciones de delitos violentos sin resolver, pero también subrayó la necesidad de proteger la privacidad y las libertades civiles. Entre sus condiciones estaba agotar previamente otras técnicas disponibles y utilizar las coincidencias como pistas que debían ser comprobadas posteriormente. De acuerdo con el departamento, la información genética de los usuarios no se entrega directamente a los investigadores como si se tratara de una base policial convencional.
Uno de los casos más conocidos fue el del Golden State Killer. En 2018, investigadores utilizaron genealogía genética para orientar la identificación de Joseph James DeAngelo, relacionado posteriormente con asesinatos y agresiones sexuales cometidos en California durante las décadas de 1970 y 1980. El caso mostró el potencial de una tecnología capaz de encontrar un camino hacia un sospechoso cuando las búsquedas tradicionales habían llegado a un punto muerto.
Pero el éxito también reveló la parte incómoda del procedimiento. Los familiares que permiten encontrar una coincidencia pueden ser personas completamente ajenas al delito. Quizá realizaron una prueba genética para descubrir sus antepasados, conocer sus raíces familiares o encontrar parientes. No estaban buscando formar parte de una investigación criminal.
El problema radica en una característica muy particular del ADN. A diferencia de muchos otros datos personales, la información genética no habla únicamente de quien proporciona una muestra. También contiene información sobre sus familiares biológicos. Una persona puede aceptar compartir su perfil y, sin pretenderlo, proporcionar una pista que conduzca hacia un hermano, un primo o un pariente mucho más lejano.
El Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos ha identificado precisamente la privacidad como uno de los principales puntos de debate en las búsquedas familiares. Su documentación señala que las normas que regulan las bases policiales fueron creadas en buena medida antes de que estas técnicas alcanzaran su desarrollo actual, por lo que todavía existen discusiones sobre su alcance y autorización legal.
La preocupación no es puramente teórica. Un análisis publicado en Nature sobre el caso del Golden State Killer planteó que una persona puede proporcionar información genética con un propósito determinado y que posteriormente esa información contribuya a una investigación con consecuencias para familiares que nunca prestaron ese consentimiento específico. La cuestión, por tanto, no es solamente quién posee los datos, sino quién puede verse afectado por ellos.
Las empresas de genealogía han tenido que responder a este debate modificando sus políticas de privacidad y ofreciendo diferentes opciones para que los usuarios decidan sobre determinados usos de sus perfiles. Sin embargo, el consentimiento individual no resuelve por completo el dilema. Aunque un usuario acepte participar en una búsqueda policial, sus genes siguen proporcionando información sobre personas relacionadas biológicamente con él.
También existe una frontera científica que resulta indispensable respetar. Una coincidencia familiar no identifica por sí sola al responsable de un delito. Puede conducir hasta la familia correcta y, aun así, apuntar inicialmente hacia la persona equivocada. La genealogía genética forense funciona como una herramienta para generar hipótesis. La confirmación requiere nuevas muestras, análisis independientes y otras evidencias que relacionen al sospechoso con el hecho investigado.
Esta distinción adquiere especial importancia porque una coincidencia genética puede resultar muy convincente para la opinión pública. Pero parentesco no significa culpabilidad. Convertir una relación familiar en una condena sería científicamente incorrecto y jurídicamente peligroso.
La expansión de esta tecnología también obliga a discutir qué delitos justifican su utilización. Resolver un homicidio o una agresión sexual cometidos hace décadas representa un interés público evidente. Otra cuestión sería emplear la misma capacidad para investigar infracciones menores o construir perfiles de personas que jamás fueron sospechosas.
La verdad es que la genealogía genética forense ha cambiado la idea tradicional de privacidad. Una persona ya no necesita entregar directamente su ADN a la policía para que su información genética pueda adquirir relevancia en una investigación. En determinadas circunstancias, basta con que un familiar haya decidido compartir la suya.
Para las familias de víctimas cuyos casos permanecieron abiertos durante décadas, esta tecnología puede significar algo enorme: una respuesta que parecía imposible. Pero precisamente porque su capacidad de penetración es extraordinaria, necesita reglas igualmente claras. Debe existir transparencia sobre qué bases pueden consultarse, qué delitos justifican hacerlo, cuánto tiempo pueden conservarse los datos y qué controles deben supervisar las búsquedas.
El verdadero desafío no consiste en decidir entre ciencia y privacidad. Consiste en demostrar que ambas pueden coexistir. Resolver un crimen antiguo puede devolver tranquilidad a una familia, pero la justicia no debería exigir como precio que millones de personas pierdan el control sobre una parte de su identidad biológica.
Porque cuando un investigador sigue una coincidencia genética hasta encontrar a un sospechoso, no está recorriendo solamente una base de datos. Está recorriendo una familia. Y esa diferencia puede determinar hasta dónde debe llegar la ley.
