El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de US$35.3 millones para aumentar el acceso a la justicia y la mejora en la eficiencia de los servicios judiciales en el Estado de Espírito Santo en Brasil.
Por medio del Programa de Modernización del Poder Judicial de Espíritu Santo (PROMOJUES), aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, el Poder Judicial busca mejorar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas en la prestación de servicios judiciales e incrementar la eficiencia operativa en la gestión judicial a través de la modernización de procesos.
Este programa financiará mejoras en la accesibilidad a los servicios de justicia con énfasis en personas vulnerables, con énfasis en las personas con discapacidad, mujeres, población LGBTQ+. También promoverá mejoras en la infraestructura física y digital, incluyendo el desarrollo de soluciones tecnológicas y de inteligencia artificial.
Asimismo, se implementarán políticas y acciones para mejorar la rendición de cuentas, mecanismos de mediación de conflictos, acciones de justicia ambiental. Además, con la puesta en marcha de planes de gestión del cambio fortalecerá la capacidad de gobernanza y gestión institucional, y con la implementación de un Centro de Ciberseguridad (SOC) se mejorará la estructura informática. .
Espírito Santo tiene una población estimada en 4 millones de personas y más de 100 mil empresas, que podrán acceder a servicios de justicia más ágiles y menos costosos.
“Las poblaciones vulnerables, mujeres y personas con discapacidad que tendrán un mayor acceso a la justicia gracias a la inclusión digital y la modernización de los servicios,” destacó Fernando Cafferata, especialista de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Los funcionarios públicos del sistema judicial también se beneficiarán a través de capacitaciones en habilidades digitales.
Esta es la cuarta operación bajo el Programa PRO-SEGURANÇA, financiado con la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, por su sigla en inglés) de US$1.200 millones aprobada por el BID en 2020, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas de seguridad pública y justicia en Brasil.
El préstamo de US$35,3 millones tiene un plazo de amortización de 24 años y medio, un período de gracia de 6 años, una tasa de interés basada en SOFR, Y cuenta con una contrapartida local de US$8.8 millones.
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