La Constitución mexicana establece una clara separación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero la concentración política, las mayorías legislativas y la reciente transformación del sistema judicial han reavivado una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el presidente dispone de suficiente poder para convertir los contrapesos institucionales en una formalidad?
John Locke y Montesquieu partieron de una preocupación que sigue siendo sorprendentemente actual: el poder necesita límites porque quien concentra demasiadas facultades termina teniendo incentivos para utilizarlas en su propio beneficio. Montesquieu convirtió esa preocupación en uno de los principios centrales del constitucionalismo moderno: dividir las funciones del Estado para evitar que una sola autoridad pueda legislar, gobernar y juzgar sin obstáculos.
México adoptó formalmente ese principio. El artículo 49 de la Constitución establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La propia Cámara de Diputados explica que esta distribución busca impedir la concentración del poder y generar mecanismos mediante los cuales un poder pueda limitar a otro.
El problema comienza cuando se observa la política real y no solamente el texto constitucional. El presidencialismo mexicano ha conservado una capacidad de influencia considerable sobre la agenda pública, el presupuesto, la administración federal y, dependiendo de la composición del Congreso, la aprobación de reformas que pueden modificar profundamente las instituciones.
Durante décadas, esa concentración estuvo vinculada al dominio electoral de un solo partido. La transición política modificó el escenario y produjo gobiernos divididos, alternancia y una competencia electoral mucho más intensa. Sin embargo, la posibilidad de que el Ejecutivo vuelva a contar con amplias mayorías legislativas demuestra que la existencia de elecciones competitivas no garantiza por sí misma un sistema de contrapesos eficaz.
El Congreso puede ser formalmente independiente y, al mismo tiempo, políticamente cercano al Ejecutivo. Cuando un gobierno dispone de una mayoría disciplinada, la función legislativa corre el riesgo de convertirse en una extensión de la agenda presidencial. Esto no significa que cada legislador actúe mecánicamente por instrucciones del Ejecutivo, pero sí que la capacidad de negociación y resistencia del Parlamento puede reducirse de manera considerable.
La discusión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa lo ocurrido con el Poder Judicial. En septiembre de 2024 fue promulgada una profunda reforma constitucional que modificó la forma de seleccionar a las personas juzgadoras y estableció la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Freedom House señaló posteriormente que la reforma generó fuertes preocupaciones entre observadores debido a sus posibles efectos sobre la independencia judicial y recordó que varios integrantes de los comités encargados de seleccionar candidaturas tenían vínculos con el partido gobernante.
La propia Suprema Corte dejó constancia del intenso debate que produjo la reforma. En uno de sus encuentros sobre el tema, ministros señalaron que la elección popular no necesariamente solucionaría problemas como el rezago y la corrupción judicial y defendieron la importancia de fortalecer la capacitación y los contrapesos. La Corte también recibió solicitudes relacionadas con la autonomía e independencia de la judicatura y posteriormente examinó impugnaciones contra la reforma.
Conviene, sin embargo, evitar una simplificación. Decir que el Ejecutivo «controla» automáticamente al Poder Judicial sería una afirmación demasiado absoluta. La reforma fue aprobada por el procedimiento constitucional correspondiente y la Suprema Corte conservó atribuciones para conocer controversias y ejercer control constitucional. El verdadero problema es más sutil: determinar si el nuevo diseño institucional ofrece suficientes garantías para que quienes juzgan puedan tomar decisiones contrarias a los intereses del poder político sin temor a consecuencias.
Ahí se encuentra el corazón de la división de poderes. Un juez independiente no existe para complacer al gobierno, pero tampoco para oponerse sistemáticamente a él. Su función consiste en aplicar la Constitución y las leyes incluso cuando el resultado resulte incómodo para la autoridad de turno.
El mismo principio vale para el Congreso. Una mayoría legislativa no es antidemocrática por definición. Al contrario, las mayorías son indispensables para gobernar. El problema aparece cuando la mayoría entiende que ganar una elección le concede derecho a eliminar cualquier obstáculo institucional. La democracia constitucional exige algo más que contar votos: exige aceptar límites incluso cuando esos límites dificultan cumplir el programa político elegido por los ciudadanos.
La experiencia mexicana demuestra por qué los contrapesos no pueden depender de la buena voluntad de un presidente. Un mandatario moderado puede convivir con instituciones fuertes; uno autoritario puede intentar debilitarlas. Pero las reglas democráticas deben funcionar en ambos escenarios.
La verdad es que el presidencialismo se vuelve peligroso no cuando existe un Ejecutivo fuerte, sino cuando los demás poderes dejan de tener capacidad real para decirle que no. Esa palabra, aparentemente sencilla, constituye una de las pruebas más importantes de cualquier democracia.
Locke y Montesquieu escribieron en contextos completamente distintos al México contemporáneo, pero su preocupación conserva vigencia. El poder necesita poder enfrente. Necesita tribunales que puedan frenarlo, legisladores capaces de cuestionarlo y ciudadanos que puedan exigir explicaciones.
Por eso la discusión mexicana no debería reducirse a quién ocupa la Presidencia ni a qué partido controla el Congreso. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué tan difícil resulta para cualquier gobierno utilizar todo el aparato del Estado sin encontrar límites efectivos?
Si la respuesta depende de la personalidad del gobernante, los contrapesos son frágiles. Si depende de instituciones capaces de resistir incluso al gobierno más popular, entonces la división de poderes deja de ser una frase constitucional y comienza a convertirse en una realidad democrática.
