Los hechos ocurridos el 23 de abril de 2025 en el Concejo de Santa Marta, donde un concejal fue retirado por miembros de la Fuerza Pública, motivaron la apertura de una indagación disciplinaria. El concejal Miguel Martínez Olano no habría atendido la orden de abandonar el recinto impartida por el presidente de la corporación, Pedro Gómez.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional de Instrucción del Magdalena, inició el proceso para establecer si el uso de la fuerza por parte de los uniformados fue excesivo. Según el organismo, es necesario evaluar la conducta de los involucrados y determinar responsabilidades.
Así, la investigación busca individualizar a los servidores públicos que participaron en el desalojo. De este modo, se establecerá la procedencia o no de abrir investigaciones disciplinarias en su contra.