El relevo de partidos en el poder transformó el discurso político mexicano, pero no resolvió problemas estructurales como la impunidad, la debilidad de las instituciones de justicia y la vulneración de derechos humanos; por el contrario, la lucha contra el crimen organizado ha servido en distintos momentos para justificar una expansión del poder estatal que pone a prueba los límites del Estado de derecho.
Durante décadas, la democracia mexicana estuvo marcada por la permanencia de un mismo partido en la Presidencia. La alternancia de 2000 representó entonces un momento histórico: por primera vez en muchas décadas, el poder federal cambió de manos mediante las urnas. Años después llegaron nuevas mayorías, nuevos discursos y otra transformación partidista. Sobre el papel, México había demostrado que podía cambiar de gobierno sin recurrir a la ruptura institucional.
Pero la alternancia electoral no necesariamente significa una democracia consolidada. Cambiar a quienes gobiernan no garantiza, por sí mismo, que funcionen mejor los tribunales, que las fiscalías sean independientes, que los abusos sean castigados o que las autoridades respeten siempre los límites establecidos por la ley.
Los datos disponibles muestran esa contradicción. El World Justice Project ha señalado que el desempeño del Estado de derecho en México permanece prácticamente estancado. Su medición considera factores como los límites al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, los derechos fundamentales, la seguridad, la justicia civil y la justicia penal. En la evaluación correspondiente a los estados mexicanos, la organización encontró que las investigaciones criminales continúan siendo especialmente débiles y que la impunidad sigue representando uno de los principales obstáculos institucionales.
La situación adquiere una dimensión más preocupante cuando la seguridad pública se convierte en argumento para ampliar facultades extraordinarias. México lleva casi dos décadas recurriendo de manera creciente a las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. La estrategia comenzó antes de los gobiernos actuales y ha continuado bajo distintas administraciones y distintos partidos. Es decir, el problema no puede reducirse a una sola corriente política.
Human Rights Watch ha documentado que las Fuerzas Armadas mexicanas han sido señaladas por casos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, mientras que las investigaciones civiles de estas denuncias rara vez han producido resultados eficaces. La organización también ha advertido sobre la ampliación del papel militar en tareas de seguridad pública y sobre la limitada supervisión civil.
El argumento oficial suele ser contundente: frente a organizaciones criminales con enorme capacidad de fuego, corrupción e infiltración institucional, el Estado necesita utilizar todos los recursos disponibles. El problema aparece cuando la excepción comienza a convertirse en normalidad.
Un Estado de derecho no significa que el gobierno sea incapaz de combatir el crimen. Significa precisamente lo contrario: que incluso frente a los delincuentes más peligrosos, las autoridades deben actuar dentro de reglas que también las obliguen a ellas. Detener, investigar y castigar son funciones legítimas del Estado; torturar, desaparecer personas o utilizar la fuerza sin controles efectivos no lo son.
La fragilidad institucional también se observa en los contrapesos. El World Justice Project ha advertido sobre la reducción del espacio cívico y problemas en la capacidad de instituciones y actores sociales para limitar el poder gubernamental. La prensa, las organizaciones civiles, los órganos de control y los tribunales cumplen una función incómoda pero indispensable: impedir que la mayoría política confunda legitimidad electoral con autoridad ilimitada.
Y es que una democracia no se agota el día de las elecciones. También se mide cuando un juez puede contradecir al gobierno sin represalias, cuando una fiscalía investiga a funcionarios del mismo partido que la controla, cuando una víctima puede denunciar a un agente del Estado y cuando un ciudadano puede protestar sin convertirse automáticamente en enemigo político.
La experiencia mexicana muestra además una paradoja difícil de ignorar. Los partidos pueden cambiar de nombre, discurso y alianzas, pero ciertas prácticas institucionales sobreviven. La concentración del poder, la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas y la tentación de utilizar la seguridad como argumento para reducir controles no pertenecen exclusivamente a una ideología.
Por eso resulta insuficiente celebrar la alternancia como prueba definitiva de madurez democrática. La alternancia demuestra que el poder puede cambiar de manos. La democracia auténtica exige algo más difícil: que ningún gobierno, sin importar su partido o popularidad, esté por encima de la ley.
La verdad es que combatir al crimen organizado es una obligación ineludible del Estado. Pero hacerlo debilitando los mismos principios que deberían proteger a la sociedad puede producir una paradoja devastadora: un gobierno más poderoso frente a los ciudadanos, pero no necesariamente un Estado más eficaz frente a los criminales.
El desafío mexicano no consiste solamente en elegir nuevos gobernantes. Consiste en construir instituciones capaces de sobrevivir a ellos. Cuando los derechos dependen de quién ocupa el poder, la alternancia es apenas un cambio de administradores. Cuando las instituciones pueden limitar incluso al gobierno más popular, entonces comienza a existir una democracia verdaderamente sólida.
