Recientemente, la diputada federal morenista Patricia Armendáriz generó un gran revuelo tras sus declaraciones en redes sociales acerca del asesinato del padre Marcelo Pérez, un sacerdote cuyo compromiso con su comunidad y su valentía al denunciar actividades del crimen organizado son bien conocidos. La diputada insinuó, sin fundamentos claros, que el clérigo tenía vínculos con el crimen organizado y que la Iglesia mexicana podría estar implicada en este entorno. Esta afirmación no solo resulta irresponsable, sino que también refleja una preocupante tendencia de trivializar el sufrimiento humano en el contexto de una política de seguridad que ha fracasado de manera estrepitosa.
En primer lugar, es fundamental cuestionar la efectividad de la política de «abrazos, no balazos» que ha prevalecido durante el último sexenio. Esta estrategia ha conducido a un aumento alarmante en los índices de violencia, generando un panorama donde las muertes, extorsiones y el dominio territorial de organizaciones criminales son más evidentes que nunca. La acusación de Armendáriz parece surgir de una necesidad de desviar la atención de estos fracasos, buscando culpables en quienes, como el padre Pérez, eran verdaderos defensores de sus comunidades. ¿Es correcto, entonces, utilizar el dolor de una familia y la memoria de un asesinado para justificar la ineficacia gubernamental?
Además, resulta lamentable que una representante popular, cuya función debería ser la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, opte por revictimizar a una persona asesinada. El padre Marcelo Pérez no solo era un líder espiritual; había alzado su voz contra el crimen organizado y, a pesar de los riesgos que esto conllevaba, continuó su labor. Esta actitud de deslegitimar su sacrificio, sugiriendo que su asesinato podría estar justificado por supuestos nexos con delincuentes, es una falta de respeto hacia su legado y hacia todas las víctimas de la violencia en el país. En este sentido, la diputada no solo desacredita la memoria del padre Pérez, sino que también despoja a su comunidad del derecho a llorar su pérdida sin la sombra de la sospecha.
Es imperativo reflexionar sobre lo que estas declaraciones significan para nuestra sociedad. Al señalar con el dedo a un sacerdote y a la Iglesia en general, se corre el riesgo de fomentar un ambiente de desconfianza y miedo, donde incluso aquellos que buscan la paz y la justicia son cuestionados. ¿Qué mensaje estamos enviando a quienes se atreven a alzar la voz contra la injusticia? Este tipo de declaraciones, lejos de contribuir a un debate constructivo, perpetúan la cultura de la criminalización y la deslegitimación de aquellos que luchan por un México más seguro y justo.
Finalmente, estas afirmaciones ponen de relieve la trivialización del fracaso de la política gubernamental en materia de seguridad. Al desviar la atención hacia individuos, se ignoran las raíces profundas de la violencia en el país. Las estructuras de poder, la corrupción y la impunidad son los verdaderos culpables del caos que vivimos, no las víctimas que se atreven a denunciarlo. Al hacer eco de tales declaraciones, se corre el riesgo de normalizar un discurso que deshumaniza y reduce a las víctimas a meros números en estadísticas de violencia.
En conclusión, la declaración de la diputada Armendáriz nos invita a cuestionar no solo sus intenciones, sino también el estado actual de nuestra política de seguridad y la necesidad urgente de cambiar el rumbo. Necesitamos un enfoque que priorice la verdad, la justicia y la memoria de aquellos que han caído en la lucha contra el crimen. Es tiempo de que nuestras voces se unan para exigir una política de seguridad que proteja a las víctimas y no las convierta en chivos expiatorios.