LONDRES, 18 ene (Reuters) – La Unión Europea alcanzó el jueves un acuerdo provisional para mejorar la colaboración entre las autoridades nacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales, incluido el sector de las criptomonedas.
Representantes de los Estados de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el acuerdo en unas negociaciones que concluyeron en las primeras horas del jueves, con el objetivo de poner fin a los actuales enfoques nacionales divergentes en la lucha contra el blanqueo de capitales.
«Esto garantizará que los defraudadores, la delincuencia organizada y los terroristas no dispongan de espacio para legitimar sus ganancias a través del sistema financiero», declaró Vincent Van Peteghem, ministro de Hacienda de Bélgica, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
El acuerdo abarca partes de un paquete de medidas contra el blanqueo de capitales que creará una nueva autoridad de la UE en la materia.
Las actuales normas de la UE contra el blanqueo de capitales se ampliarán para que los proveedores de servicios de criptoactivos deban controlar a los clientes que realicen transacciones por valor de 1.000 euros (1.090,00 dólares) o más, e informar de las actividades sospechosas. Las empresas transfronterizas de criptoactivos deberán realizar comprobaciones adicionales.
Los comerciantes de artículos de lujo, como metales preciosos, joyeros y orfebres, así como los vendedores de coches, aviones y yates de lujo, también tendrán que realizar controles sobre los clientes.
A partir de 2029, los Estados miembros también podrán incluir a los clubes y agentes de fútbol profesional.
Además, se establecerá en toda la UE un límite máximo de 10.000 euros para los pagos en efectivo, lo que dificultará a los delincuentes el blanqueo de dinero, según el comunicado.
Las empresas que entren en el ámbito de aplicación de las nuevas normas tendrán que identificar y verificar a las personas que realicen transacciones ocasionales en efectivo de entre 3.000 y 10.000 euros.
Las nuevas normas necesitan el visto bueno formal de los Estados miembros de la UE y del Parlamento en pleno antes de convertirse en ley.