Organismos internacionales exigen detener deportaciones de haitianas embarazadas
Notipress.- Las recientes redadas migratorias en República Dominicana encendieron las alarmas entre organismos internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos. La deportación de mujeres haitianas embarazadas, lactantes y con recién nacidos desde hospitales públicos representa una acción sin precedentes en el contexto regional.
Diversas entidades advirtieron sobre las implicaciones humanitarias y legales de estas prácticas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), durante una sola jornada, el 22 de abril, fueron recibidas en el paso fronterizo de Belladère 416 personas expulsadas, incluidas 11 mujeres gestantes y 16 lactantes. «Se está observando un aumento de personas vulnerables entre las deportadas», informó la OIM en un comunicado dirigido a medios internacionales.
En sus informes, el organismo también detalló que no participa directamente en los procesos de repatriación ni en los hospitales, pero sí ofrece apoyo humanitario en puntos fronterizos. A través de asistencia médica, refugio temporal y servicios psicosociales, se intenta paliar los efectos inmediatos del desplazamiento forzoso. Esta atención incluye ahora medidas específicas orientadas a la salud materna, dada la alta presencia de madres y bebés entre los afectados.
Representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron inquietud por el carácter sistemático de estas acciones. El organismo, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostuvo que cualquier repatriación de personas en condiciones de vulnerabilidad debe evaluarse con estándares internacionales. «Los Estados deben garantizar retornos seguros, dignos y sostenibles», reiteraron en múltiples resoluciones.
Particularmente crítico resulta el contexto de Haití, país sumido en una crisis de violencia prolongada. Según datos de la ONU, bandas armadas controlan el 85% de Puerto Príncipe y en 2024 se reportaron más de 5.600 muertes violentas. En este entorno, Naciones Unidas solicitó el cese de las repatriaciones forzosas. Médicos Sin Fronteras también suspendió temporalmente operaciones en dos hospitales haitianos por razones de seguridad, agravando la situación de atención médica en el país.
Igualmente, las condiciones físicas de muchas mujeres sometidas a estos operativos también generan preocupación. Dalina Pie, ciudadana haitiana testigo de una detención en una clínica, declaró: «Si la mujer parió hoy, no deberían llevársela. Si le hicieron cesárea, no sé qué va a pasar en el camino, porque no va ningún doctor con ella para atenderla». Esta situación contradice buenas prácticas médicas que recomiendan un seguimiento hospitalario de al menos 48 horas tras una cesárea, según establece la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).
El testimonio de una de las afectadas también revela el impacto psicológico de estas acciones. «No somos perros», expresó Celeste Noel, familiar de una detenida, mientras esperaba noticias frente al centro de recepción de migrantes en Haina. Estas declaraciones reflejan la tensión emocional y la indignación provocadas por los operativos, señalados por expertos y defensores de derechos humanos como medidas desproporcionadas.
Ante la visibilidad internacional del operativo, los organismos de protección humanitaria mantienen su monitoreo en puntos fronterizos. Además, refuerzan su asistencia a personas afectadas, sin participación directa en los procedimientos hospitalarios.